Estudia con Nosotros. La previsión social del abogado

¡Buenas tardes chicos!

 

En el Estudia con Nosotros de hoy vamos a estudiar el punto 6 de la convocatoria llamado “régimen de previsión social de los Abogados” ya que son varias las personas que se han puesto en contacto con nosotros por ser un epígrafe confuso a la hora de estudiarlo.

 

Lo primero de todo, empezar por tranquilizaros, este epígrafe no es el típico que se va a preguntar demasiado en el examen, es posible que ni siquiera sea preguntado.

 

Nuestra recomendación personal es que llevéis, para la parte general, muy bien preparados lo que denominados como “la Santísima Trinidad” o lo que es lo mismo, los Códigos Deontológicos, el Estatuto General de la Abogacía Española y la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita (que podéis encontrar en: http://bit.ly/1RtKOrz, http://bit.ly/1KkKCmG y http://bit.ly/1n4jq6n).

 

Lo primero que debemos comentar es que nuestra profesión es de las pocas que puede elegir entre afiliarse al régimen de la seguridad social o a su propia mutualidad, la conocida como Mutualidad General de la Abogacía, que fue creada por los Colegios de Abogados de toda España.

 

Tal y como recoge el artículo 13.2.d) del Estatuto General de la Abogacía Española, la incorporación como ejerciente exigirá formalizar el ingreso en la Mutualidad General de la Abogacía, Mutualidad de Previsión a prima fija o, en su caso, el Régimen de Seguridad Social que corresponda de acuerdo con la legislación vigente.

 

Debemos hacer en este punto una diferenciación: abogados ejercientes exclusivamente por cuenta ajena y abogados ejercientes exclusivamente por cuenta propia.

 

Los primeros forman parte de una relación laboral especial que implica la obligación de dar de alta al abogado en el Régimen General de la Seguridad Social, como cualquier otro trabajador.

 

Los segundos tienen la obligación de estar afiliados en la Mutua o en el RETA. Nos surge la siguiente pregunta, ¿qué es mejor la Mutua o el RETA?

 

El RETA es el sistema de previsión que dispone la Seguridad Social para los trabajadores, cubriendo las contingencias de jubilación, incapacidad, fallecimiento, etc. Los afiliados tienen un mínimo de coberturas, que puede verse ampliado voluntariamente por el trabajador. Las coberturas variarán según la base de cotización elegida y el número de años de cotización.

 

Por su parte, la Mutua cuenta con casi la totalidad de los abogados ejercientes por cuenta propia, desarrollando la actividad como aseguradora privada.

 

A nuestro parecer, este tema no debería tener más dificultad de lo que os acabamos de explicar, debéis tener claro la diferencia entre trabajar por cuenta ajena y trabajar por cuenta propia, y que por mucho que sea la abogacía una profesión liberal, nos encontramos obligados a estar afiliados a alguna de las modalidades que hemos explicado.

 

Con esto hemos terminado el Estudia con Nosotros de hoy, mucho ánimo en este último mes de estudio, dentro de un año estaréis colegiados y veréis este examen como un trámite más antes de llegar a la meta final.

 

¡Os animamos, como siempre, a comentar con nosotros vía RRSS o abajo en los comentarios aquellos que os haya llamado la atención de este Estudia con Nosotros!

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Estudia con Nosotros. Las Sociedades Profesionales (I)

Mikel Reyna Escalera

 

Introducción

 

Tal como el artículo 28.1 EGA establece, los abogados podrán ejercer la abogacía en forma colectiva empleando cualquier forma lícita en derecho, incluyendo las sociedades mercantiles.

 

La sociedad profesional (“SP”) es un régimen societario que, tratando de ser respetuoso con lo establecido para cada forma societaria, cuenta con varias peculiaridades que la Ley 2/2007 de Sociedades Profesionales (“LSP”) establece con el fin, entre otros, de proteger la independencia de los profesionales, evitando injerencias de terceros ajenos a la profesión.

 

Ya en el Código Civil se establecía un germen de la sociedad profesional, estableciéndose en el artículo 1678 que “La sociedad particular tiene únicamente por objeto cosas determinadas, su uso, o sus frutos, o una empresa señalada, o el ejercicio de una profesión o arte.”

 

De este modo, no puede pensarse, en ningún caso, que tienen ascendencia gremial puesto que, desde la antigüedad, las hermandades gremiales eran entes supraprofesionales constituidas con el fin de agrupar y facilitar a los profesionales protección de su actividad ante la influencia o intervención de la Corona o el aparato estatal de la Edad Media, desembocando en 1247 con la creación del germen del Colegio de Abogados de Zaragoza.

 

Así pues, en conclusión, una sociedad profesional es una agrupación societaria de diversos profesionales creada a fin de realizar una ordenación privada de su actividad profesional, la cual cuenta con diversos mecanismos de protección de independencia e injerencias externas, tanto de los socios, como de partícipes o accionistas ajenos a la profesión.

 

Requisitos en su objeto

 

Tal como establece el artículo 1.1 LSP, las sociedades profesionales tendrán como objeto social la realización en común de una actividad profesional. Dicho objeto será exclusivo, no pudiéndose adoptar otro.

 

De este modo, tal como establece el mencionado artículo 1, una actividad profesional será aquella que, requiriendo una titulación universitaria, pudiendo, además, ser necesaria, la inscripción en un colegio profesional.

 

Así pues, en virtud de lo dicho, una actividad que, únicamente, requiera colegiación o inscripción administrativa, tal como la Administración de Fincas, o la auditoría de cuentas, no podrán inscribirse como sociedad profesional, tal como la DGRN ha venido reiterando. En este sentido, RDGRN de 16 de Mayo de 2009 ha venido reiterando que una profesión que solo requiera inscripción en un registro administrativo no puede considerarse actividad profesional en el sentido de lo establecido en LSP.

 

El ejercicio en común se verificará cuando los actos propios de dicha profesión sean ejecutados bajo una razón social y le sean atribuidos, tanto derechos y deberes a esa razón.

 

Las sociedades profesionales podrán ejercer varias actividades profesionales, siempre que su desempeño no se haya declarado incompatible por norma de rango legal.

 

Requisitos subjetivos

 

  • Más del 50% de los derechos de voto, capital social o patrimonio y miembros –si es sociedad civil- deberán estar en manos de socios profesionales.

 

  • En lo que a órgano de administración respecta, la mayoría de miembros, así como el Consejero Delegado, deberán ser socios profesionales. En caso de que se opte por un órgano unipersonal, este deberá ser socio profesional.

 

  • No podrán ser socios profesionales las personas en las que concurra causa de incompatibilidad para el ejercicio de la profesión o profesiones que constituyan el objeto social, ni aquellas que se encuentren inhabilitadas para dicho ejercicio en virtud de resolución judicial o corporativa.

 

Estos requisitos deberán cumplirse a lo largo de toda la vida de la sociedad profesional, constituyendo causa de disolución obligatoria su incumplimiento sobrevenido, a no ser que la situación se regularice en el plazo máximo de seis meses contados desde el momento en que se produjo el incumplimiento.

 

Los socios profesionales únicamente podrán otorgar su representación a otros socios profesionales para actuar en el seno de los órganos sociales.

 

La sociedad profesional únicamente podrá ejercer las actividades profesionales constitutivas de su objeto social a través de personas colegiadas en el Colegio Profesional correspondiente para el ejercicio de las mismas.

 

Los derechos y obligaciones de la actividad profesional desarrollada se imputarán a la sociedad, sin perjuicio de la responsabilidad personal de los profesionales contemplada en esta Ley.

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Estudia con Nosotros (XII): El Estatuto de los Trabajadores (IV)

Silvia Canal Méndez

 

¡Hola juristas!

 

Bienvenidos al último Estudia con Nosotros “Rama Laboral IV” en el que se tratará el Estatuto de los Trabajadores, ya que con este post damos por terminado el estudio de esta Ley.

 

Hoy analizaremos los órganos de representación y la materia relativa a los convenios colectivos, nada de lo que vamos a explicar a continuación ha sido preguntado anteriormente, sin embargo consideramos que puede ser fácilmente objeto del examen y es por eso que estamos aquí, para que lo estudiéis con nosotros.

 

En primer lugar el artículo 62 viene a regular la representación de los trabajadores de empresas o centros de trabajo que tienen menos de cincuenta trabajadores, la cual corresponde a los delegados de personal de la siguiente manera:

 

·      En empresas de entre seis y diez trabajadores éstos pueden estar representados por un delegad de personas, si así lo decidieran por mayoría.

·      En las empresas entre once y treinta trabajadores, corresponde la representación a un delegado de personal.

·      En las empresas entre treinta y uno y cuarenta y nueve trabajadores, corresponde la representación a tres delegados de personal.

 

En aquellas empresas que tienen cincuenta o más trabajadores, la representación corresponde a comités de empresa. Además, en aquellas empresas que tengan en una provincia o en municipios limítrofes dos o más centros de trabajo cuyos censos no alcancen los cincuenta trabajadores por separado, pero que sumando sus plantillas se alcance dicha cifra, pueden constituir un comité de empresa conjunto. La composición del comité de empresa sigue la siguiente escala:

 

·      En empresas de entre 50 y 100 trabajadores, corresponden 5 miembros.

·      En empresas de entre 101 y 250 trabajadores, corresponden 9 miembros.

·      En empresas entre 251 y 500 trabajadores, corresponden 13 miembros.

·      En empresas entre 501 y 750 trabajadores, corresponden 17 miembros.

·      En empresas entre 751 y 1000 trabajadores, corresponden 21 miembros.

·      De mil en adelante, dos por cada mil o fracción, con el máximo de 75 trabajadores..

 

Para realizar el estudio sobre los convenios colectivos, debemos acudir al artículo 82, donde se establece que los convenios colectivos, como resultado de la negociación desarrollada por los representantes de los trabajadores y de los empresarios, constituyen la expresión del acuerdo libremente adoptados por ellos en virtud de su autonomía colectiva.

 

¿Y cuál es el contenido mínimo que debe regular un convenio colectivo? La determinación de las partes que lo conciertan, ámbito personal, funcional, territorial y temporal, los procedimientos para solventar de manera efectiva las discrepancias que puedan surgir para la no aplicación de las condiciones de trabajo, forma y condiciones de denuncia del convenio y designación de una comisión paritaria de las partes negociadoras para entender de aquellas cuestiones establecidas en la Ley.

 

Tenemos que tratar en este punto el tema del descuelgue del convenio colectivo, recogido en el tercer apartado del artículo 82. Esto es, cuando existan causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, por acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores legitimados para negociar un convenio colectivo, se podrá proceder, previo desarrollo de un periodo de consultas a inaplicar en la empresa las condiciones de trabajo previstas en el convenio colectivo aplicable que afecte a la jornada de trabajo, horario y distribución del tiempo de trabajo, régimen de trabajo a turnos, sistema de remuneración, sistema de trabajo y rendimiento, funciones o mejoras voluntarias de la acción protectora de la Seguridad Social.

 

Por último, es importante tener en cuenta el artículo 86 en el que se establece la vigencia del convenio colectivo. La duración de los convenios debe establecerse por las partes negociadoras, y salvo pacto en contrario, los convenios colectivos se prorrogarán de año en año si no mediara denuncia expresa de las partes.

 

Durante las negociaciones para la renovación de un convenio colectivo, en defecto de pacto, se mantendrá la vigencia del convenio. Transcurrido un año desde la denuncia del convenio sin que se haya acordado un nuevo convenio o dictado un laudo arbitral, aquél perderá vigencia y se aplicará, si lo hubiere, el convenio colectivo de ámbito superior que fuera de aplicación.

 

Esto es todo juristas, en estos cuatro post hemos realizado un pequeño resumen del Estatuto de los Trabajadores en los que hemos intentado hacer hincapié en lo que hemos considerado más importante, habiendo sido preguntado o no con anterioridad en los Exámenes Oficiales. Esperamos que os haya sido de tanta utilidad como lo ha sido para nosotros.

 

¡Os animamos, como siempre, a comentar con nosotros vía RRSS o abajo en los comentarios aquello que os haya llamado la atención del Estudia con Nosotros de hoy!

 

¡Ya no queda nada chicos!

 

 

 

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Estudia con Nosotros (XI): La contabilidad y la fiscalidad del abogado

Alberto González Andrades

 

¡Hola juristas!

 

Hoy vamos a intentar tratar brevemente unas cuestiones básicas de nuestra profesión que se incluirían en el epígrafe a.1.12 “La contabilidad y la fiscalidad del abogado”. Dentro de este post vamos a tratar algunos temas contables básicos, algunas formalidades con la AEAT así como cuestiones impositivas y muy poco sobre la Seguridad Social del abogado y la sociedad.

 

Estas obligaciones van a variar en función de la forma que elijamos para ejercer la profesión. Vamos allá.

 

Entre las opciones de que disponemos encontramos ejercer la profesión integrados en el ámbito organizativo de una empresa (bajo contrato laboral), ejercer la actividad de forma autónoma o ejercer la actividad bajo el paraguas de una sociedad.

 

  • Si elegimos ejercer la profesión bajo contrato laboral no tendremos ningún tipo de obligación contable ni trámites con la AEAT. Tampoco tendremos que cumplir con las obligaciones recogidas en la Ley del IVA. La única obligación (como todo ciudadano de a pie) que tendremos que cumplir será la tributación (por rendimientos del trabajo) en el IRPF de los ingresos pagados por nuestro empleador.

 

  • Si decidimos “montárnoslo por nuestra cuenta”, ejercer la profesión de forma autónoma, tendremos muchas más obligaciones. A todos los niveles. El abogado autónomo está obligado a darse de alta en el RETA o, según guste, en la Mutualidad de la Abogacía.

 

Técnicamente no es obligatorio llevar una contabilidad (según el Código de Comercio) pero, como siempre, hay que analizarlo todo en su conjunto, y la normativa fiscal nos obliga a llevar un registro de ingresos y gastos y de fondos y suplidos, y conservar todos aquellos documentos acreditativos de las operaciones realizadas (no os olvidéis de la documentación sobre gastos deducidos). En términos puramente fiscales, el abogado autónomo tributará los rendimientos en el IRPF por actividades profesionales en el año siguiente a la finalización del ejercicio (fecha clave 30 de junio). En temas de IVA, el abogado autónomo también está obligado a repercutir el tipo correspondiente (21% actualmente) al cliente y a presentar declaraciones trimestrales (Modelo 303) y la declaración resumen anual (Modelo 390) en las que podremos compensar el IVA soportado en los bienes comprados o los servicios contratados con razón de nuestra actividad profesional. Finalmente, en cuanto a las obligaciones formales con la AEAT estamos obligados a darnos de alta en el IAE (epígrafe 731). Recordad que para poder deducir gastos hay que afectar los bienes y servicios a la actividad profesional, sino podríamos llevarnos una sorpresa en alguna inspección.

 

  • En último lugar, también podemos ejercer la profesión bajo sociedad civil o mercantil (nuevamente con diferencias entre ellas).

 

Si decidimos montar una sociedad mercantil, en el apartado fiscal, tributaremos nuestros beneficios por Impuesto sobre Sociedades en el que podremos deducir nuevamente todo tipo de gastos afectos a la actividad de la sociedad. En este caso, como la sociedad será la titular de los contratos (por ejemplo, de alquiler y suministros) no tendremos los problemas que existen al elegir ser autónomo. En lo relativo al IVA volvemos a estar en la misma situación que antes, declaraciones trimestrales (303) y resumen anual (390) con posibilidad de compensar IVA soportado y repercutido. La sociedad será la emisora de facturas al cliente y sus datos son los que deberán aparecer en toda factura que pida a proveedores y otros terceros. En cuanto a la contabilidad, las sociedades tienen mayores obligaciones, debiendo formular cuentas anuales (ojo, que si no presentamos cuentas durante tres años nos cierran la hoja registral) y mantener y llevar libros contables. Finalmente, y más tedioso en la realidad, las obligaciones formales con la AEAT. Tendremos que conseguir el alta censal, conseguir el NIF y el IAE (036 y 037), presentar la declaración del IS (200) y las de IVA (303 y 390). 

 

Las sociedades civiles, tributarán por régimen de atribución de cuentas en el IRPF de sus participantes y también cumplirán con sus obligaciones formales debiendo darse de alta, conseguir en NIF y el IAE.

 

Además, habrá que dar de alta a los trabajadores en la Seguridad Social, para lo que habrá que conseguir un número CCC de la empresa, que los trabajadores tengan un número propio, asignar un autorizado RED a la compañía, rellenando los modelos TR que correspondan para todo ello.

 

Importante, en lineas generales: 

 

  • Tributación: trabajo por cuenta ajena (IRPF), por cuenta propia (IRPF), sociedades civiles (atribución de rentas en el IRPF de los socios) y sociedad mercantil (IS). En temas de IVA estarán obligados el autónomo y las sociedades (civiles y mercantiles).
  • Obligaciones con la Seguridad Social: trabajo por cuenta ajena (basta con tener número de la SS), por cuenta propia (alta en el RETA o en la Mutualidad y las derivadas de la contratación de terceros) y sociedades civiles y mercantiles (alta y afiliación de trabajadores y, al inicio, alta de la empresa y del autorizado RED).
  • Contabilidad: trabajo por cuenta ajena (exento), por cuenta propia (llevanza de libros y conservación de justificantes a efectos fiscales), sociedades (llevanza de libros y presentación de cuentas anuales).
  • Obligaciones formales con la AEAT: trabajo por cuenta ajena (exento), por cuenta propia (IAE), sociedades (IAE, NIF, Alta Censal...).
  • Modelos de AEAT y TGSS: IRPF (100, 130 y 184), IS (200 y 202) e IVA (303 y 390); NIF, IAE... (036 y037); Modelos de la TGSS (FR-10, TA.1, TA.6...).

Como siempre, esperamos que este post os resulte de ayuda y, también como siempre, que nos comentéis cualquier cosa a través de Redes Sociales o abajo en los comentarios.

 

¡Hasta la próxima, juristas!

 

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Estudia con Nosotros (X): El Estatuto de los Trabajadores (III)

Silvia Canal Méndez

 

¡Hola juristas!

 

En el Estudia con Nosotros “Rama Laboral III” analizaremos la suspensión y la extinción de los contratos de trabajo, regulado en el ET desde el artículo 45 hasta el 56. Si bien estos artículo han sido preguntados en los anteriores Exámenes, consideramos que puede ser una de las partes más importantes relativas a la materia que puede ser preguntada el próximo día 27, por lo que recomendamos que sean estudiadas y asimiladas correctamente.

 

Comenzamos por el artículo 45 en el que se establece una lista de causas por las cuales el contrato de trabajo puede suspenderse, como por ejemplo puede ser por mutuo acuerdo de las partes, incapacidad temporal del trabajador, maternidad o paternidad, adopción, fuerza mayor temporal, cierre legal de la empresa, etc. ¿Y cuál es la consecuencia de que un contrato se suspenda? Pues que exonera tanto al trabajador de trabajar como al empresario de remunerar el trabajo.

 

Otra de las casusas de la suspensión del contrato de trabajo es lo que se denomina excedencias. Existen dos tipos de excedencias: la excedencia forzosa y la excedencia voluntaria. La primera de ellas, que dará derecho a la conservación del puesto de trabajo y al cómputo de la antigüedad de su vigencia, se concederá al trabajador cuando éste ha sido designado o elegido para un cargo público que le imposibilita acudir a trabajar.

 

Por su parte, la excedencia voluntaria debe cumplir ciertos requisitos, entre los que encontramos por ejemplo, que el trabajador debe tener una antigüedad en la empresa de al menos un año, la excedencia debe tener una duración superior a los cuatro meses e inferior a los cinco años y que, en caso de que no sea la primera excedencia voluntaria del trabajador, deben haber transcurrido al menos cuatro años desde la anterior excedencia. En este tipo de excedencia encontramos por ejemplo el derecho de los trabajadores a un periodo de excedencia no superior a tres años para dedicarse al cuidado de los hijos, o para atender a un familiar de hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad, con un tope máximo de duración, en este caso, de dos años.

 

Continuamos con el estudio del artículo 49, el primero relativo a la extinción del contrato de trabajo. En el se establece una nueva lista de causas que provocan la extinción de la relación laboral, donde podemos encontrar de nuevo el mutuo acuerdo de las partes, jubilación o muerte tanto del trabajador como del empresario, dimisión del trabajador, despido del trabajador, etc.

 

También recoge el ET que el contrato de trabajo se puede extinguir por la voluntad del trabajador, la cual en el supuesto de verse justificada origina que el trabajador tenga derecho a una indemnización equivalente a treinta y tres días de salario por año de servicio, hasta un máximo de veinticuatro mensualidades. ¿Y cuales son esas causas justas?

 

·      Las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo llevadas a cabo sin respetar lo previsto en el artículo y que esto menoscabe la dignidad del trabajador.

·      La falta de pago o retraso continuado en el abono del salario pactado.

·      Cualquier otro incumplimiento grave de sus obligaciones por parte del empresario.

 

Ahora bien, el contrato puede también extinguirse por causas objetivas. Los supuestos de este tipo de extinción son los siguientes:

 

·      Ineptitud del trabajador conocida o sobrevenida con posterioridad  a su colocación efectiva en la empresa.

·      Por falta de adaptación del trabajador a las modificaciones técnicas operadas en su puesto de trabajo, cuando dichos cambios sean razonables. Como mínimo, deben haber transcurrido dos meses entre las modificaciones técnicas y la extinción del contrato.

·      Por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción que no superen los umbrales de despido colectivo.

·      Por faltas de asistencia al trabajo, aun cuando sean justificadas, que alcancen el 20% de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos o que alcancen el 25% en cuatro meses discontinuos.

 

Este despido tiene que realizarse obligatoriamente por escrito, con un periodo de preaviso de quince días, durante la cual le corresponde al trabajador seis horas semanales para la búsqueda de nuevo empleo y al trabajador le corresponde una indemnización de veinte días por año de servicio con un máximo de doce mensualidades.

 

Este despido puede considerarse procedente, improcedente o nulo.

 

Por último, también puede extinguirse el contrato de trabajo por decisión del empresario cuando se base en un incumplimiento grave y culpable del trabajador, es lo que se denomina despido disciplinario. 

 

¿Qué se considera incumplimiento contractual?

 

·      Las faltas repetidas e injustificadas de asistencia o puntualidad al trabajo.

·      La indisciplina o desobediencia en el trabajo.

·      Las ofensas verbales o físicas al empresario o a las personas que trabajan en la empresa o a los familiares que convivan con ellos.

·      La transgresión de la buena fe contractual, asi como el abuso de confianza en el desempeño del trabajo.

·      La disminución continuada y voluntaria en el rendimiento de trabajo normal o pactado.

·      La embriaguez habitual o toxicomanía si repercuten negativamente en el trabajo.

·      El acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual y acoso sexual o razón de sexo al empresario o a las personas que trabajan en la empresa.

 

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Estudia con Nosotros (IX): El Estatuto de los Trabajadores (II)

Silvia Canal Méndez

 

¡Hola juristas!

 

Hemos vuelto con el Estudia Con Nosotros “Rama Laboral II”, en el que analizaremos desde el artículo 26 al 44 del Estatuto de los Trabajadores (en adelante ET). Comenzamos analizando la sección cuarta del contenido del contrato de trabajo, relativa a los salarios y las garantías salariales.

 

El primer artículo que encontramos es el 26, el cual consideramos bastante importante aunque nunca se ha preguntado. En este artículo se viene a analizar el salario, definiéndose como la totalidad de percepciones económicas que los trabajadores reciben por la prestación profesional de los servicios laborales prestados por cuenta ajena. El salario puede ser retribuido a través de dinero o en especie, estando este tipo de salario limitado, ya que no podrá en ningún paso superar el límite del 30% de las percepciones salariales totales, ni dar lugar a la minoración de la cuantía íntegra en dinero del SMI.

 

El salario deberá obedecer a una estructura, que deberá en todo caso comprender un salario base, que podrá ser fijada por unidad de tiempo o de obra, y en su caso, complementos salariales, los cuales pueden ir ligados por ejemplo a los resultados de la empresa.

 

Además, el trabajador tiene derecho a dos gratificaciones extraordinarias al año, una de ellas comúnmente se conoce como paga de navidad y la otra será pagadera en el mes que se fije por convenio. Es posible acordar por convenio colectivo que dichas gratificaciones se prorrateen en las doce mensualidades.

 

Pasamos en este punto a los artículo 33, el cual ha sido preguntados tanto en 2014 como en 2015, por lo que recomendamos que su estudio sea más profundo. Este artículo recoge lo que coloquialmente se conoce como FOGASA (Fondo de Garantía Salarial).

 

El FOGASA es un organismo autónomo adscrito al Ministerio de Empleo y Seguridad Social, con personalidad jurídica propia y capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines, que abonará a los trabajadores el importe de los salarios pendientes de pago a causa de la insolvencia o concurso del empresario. Es importante recordar lo siguiente:  “Se considerará salario la cantidad reconocida como tal en acto de conciliación o en resolución judicial, así como los salarios de tramitación en los supuestos en que legalmente procedan, sin que pueda el Fondo abonar, por uno u otro concepto, conjunta o separadamente, un importe superior a la cantidad resultante de multiplicar el doble del salario mínimo interprofesional diario, incluyendo la parte proporcional de las pagas extraordinarias, por el número de días de salario pendiente de pago, con un máximo de ciento veinte días”. ((¡¡Cuidado con estos datos, el anterior ET establecía la multiplicación del triple del SMI por un máximo de ciento cincuenta días!!)

 

El FOGASA abonará indemnizaciones reconocidas como consecuencia de sentencia, auto, acto de conciliación judicial o resolución administrativa a favor de los trabajadores a causa de despido o extinción de los contratos, así como las indemnizaciones por extinción de contrato  temporal o de duración determinada en los casos que establezca la Ley.  En todos estos casos el límite está establecido en una anualidad, sin que el salario diario pueda exceder del doble del salario mínimo interprofesional, incluyendo la parte proporcional de las pagas extraordinarias.

 

El FOGASA se encarga de pagar las cantidades a los trabajadores a cambio de subrogarse directamente en los derechos y acciones de los trabajadores con la finalidad de reembolsar las cantidades satisfechas.

 

En relación a esta materia encontramos las siguientes preguntas en el Examen de 2015:

 

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Estudia con Nosotros (VIII): Los recursos en el orden penal

Silvia Canal Méndez

¡Hola de nuevo juristas!

 

En el Estudia con Nosotros “Rama Penal I” de hoy realizaremos un primer acercamiento a los recursos ordinarios devolutivos y no devolutivos en el ámbito del derecho penal, siendo analizado el derecho de casación en el próximo Estudia con Nosotros “Rama Penal II”.

 

Para facilitar este estudio creemos necesario comenzar explicando brevemente la teoría y terminar con un cuadro comparativo entre los distintos tipos de recursos, para que el estudio sea mucho más visual.

 

Comenzaremos por los recursos no devolutivos, los cuales se rigen por las mismas normas. Estos recursos son los siguientes: el recurso de reforma y el recurso de súplica.

 

Estos recursos no devolutivos serán resueltos por el mismo órgano que ha dictado la resolución que se impugna, pero ¿cuáles son dichas resoluciones?

 

·      En el caso del recurso de reforma, es utilizado contra aquellas resoluciones que dictan los órganos unipersonales, o lo que es lo mismo, contra las resoluciones de los Juzgados de Instrucción y los Juzgados de lo Penal.

 

·      En el caso del recurso de súplica, es utilizado contra aquellas resoluciones que dictan los órganos colegiados, o lo que es lo mismo, contra las resoluciones de las Audiencias Provinciales y los Tribunales Superiores de Justicia.

 

El procedimiento a seguir en ambos recursos es el mismo. El trámite comienza con la presentación del escrito por la parte recurrente ante el mismo órgano que dictó dicha resolución, la cual dará traslado a las otras partes para que en un plazo de dos días puedan realizar las oportunas alegaciones. Contra la resolución del órgano sólo cabrá recurso de apelación, si así lo prevé la Ley.

El plazo para presentar este recurso es de tres días a contar desde la última notificación de la resolución recurrida.

 

La legitimación para interponer estos recursos la ostentan las partes que se sientan perjudicadas por la resolución recurrida.

 

¿Y la interposición de estos recursos suspenden el procedimiento? La respuesta correcta es no, tal y como establece el artículo 766.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

 

Proseguimos con el análisis de los recursos devolutivos, que son: el recurso de apelación y el recurso de queja.

 

Comenzamos con el recurso de apelación, el cual será resuelto por un órgano superior al que dictó la resolución que se está impugnando. ¿Cuáles son las resoluciones que se pueden impugnar a través de este recurso?

 

·      Contra resoluciones que no ponen fin a la instancia como contra las que sí ponen fin. Este recurso es el más usual que se utiliza para impugnar sentencias.

·      También, como al recurso de queja, se puede interponer contra autos que desestimen el recurso de reforma.

 

Para facilitar el estudio de este recurso sólo haremos un estudio del recurso de apelación contra resoluciones que ponen fin a la instancia y los que no ponen fin, no realizando el estudio al recurso de apelación contra sentencias del Tribunal del Jurado.

 

Comenzaremos con el recurso contra resoluciones que no ponen fin a la instancia. Las resoluciones recurribles son las siguientes:

 

·      Autos en que expresamente se declare.

·      Autos de inadmisión de querella.

·      Autos que resuelven algunos artículos de previo pronunciamiento.

 

¿Cuál es el plazo para interponer este recurso? Es de cinco días desde la notificación que se recurre.

 

En el procedimiento ordinario, todo el proceso comienza por la interposición del recurso ante el órgano que dicta la resolución recurrida, esta interposición no debe ser motivada. El recurso de apelación no podrá interponerse sino después de haber ejercitado el de reforma, aunque cabe la posibilidad de interponer ambos en el mismo escrito, de tal manera que si se desestima el recurso de reforma, podrá proponerse subsidiariamente el de apelación.

 

Tras este acto, el órgano inferior deberá admitirlo a trámite, remitir los autos al órgano superior y emplazar a las partes para su personación ante el Tribunal que conocerá del asunto. Si el apelante se hubiese personado, el Secretario le dará vista de los autos por término de tres días para instrucción. Después de él le seguirán las demás partes personadas y por último al Fiscal, si la causa fuese por delito de los que dan lugar a procedimiento de oficio.

 

Devueltos los autos por la última parte a la que se le hubiera entregado, el Secretario señalará el día de la vista, la cual no podrá suspenderse por motivo alguno. Antes del día de la vista las partes podrán presentar los documentos que crean necesarios para justificar sus pretensiones. Este recurso será resuelto por medio de sentencia.

 

Por su parte, en el procedimiento abreviado, este recurso se presentará, ante el órgano que dicta la resolución recurrida, dentro de los cinco días siguientes a la notificación del auto recurrido, mediante escrito en el que se expondrán los motivos del recurso, se señalarán los particulares que hayan de testimoniarse y al que se acompañarán, en su caso, los documentos justificativos de las peticiones formuladas. Admitido a trámite el recurso por el Juez, el Secretario judicial dará traslado a las demás partes personadas por un plazo común de cinco días para que puedan alegar por escrito lo que estimen conveniente. En los dos días siguientes a la finalización del plazo, remitirá testimonio de los particulares señalados a la Audiencia respectiva que, sin más trámites, resolverá dentro de los cinco días siguientes.

 

Por su parte, en el recurso de apelación contra resoluciones que ponen fin a la instancia serán recurribles las sentencias de los Jueces de Paz y de Instrucción en juicios de faltas y diligencias urgentes, de los Jueces de lo Penal en procedimientos abreviados y de los Tribunales de Jurado.

 

El procedimiento comienza con la presentación del recurso, que puede ser interpuesto por cualquiera de las partes, dentro del plazo de los diez días siguientes a aquel en que se les hubiere notificado la sentencia. Durante este período se hallarán las actuaciones en la Oficina judicial a disposición de las partes, las cuales en el plazo de los tres días siguientes a la notificación de la sentencia podrán solicitar copia de los soportes en los que se hayan grabado las sesiones, con suspensión del plazo para la interposición del recurso. El cómputo del plazo se reanudará una vez hayan sido entregadas las copias solicitadas.

 

El escrito de formalización del recurso se presentará ante el órgano que dictó la resolución que se impugne. En este mismo escrito, se podrá pedir el recurrente la práctica de las diligencias de prueba que no pudo proponer en la primera instancia, de las propuestas que le fueron indebidamente denegadas (siempre que hubiere formulado en su momento la oportuna protesta) y de las admitidas que no fueron practicadas por causas que no le sean imputables. Recibido el escrito de formalización, el Juez admitirá el recurso si cumple con todos los requisitos.

 

Admitido el recurso, el Secretario judicial dará traslado del escrito de formalización a las demás partes por un plazo común de diez días. Dentro de este plazo habrán de presentarse los escritos de alegaciones de las demás partes. Una vez presentados los escritos de alegaciones (o agotado el tiempo sin que las otras partes los aporten), el Secretario, en los dos días siguientes, dará traslado de cada uno de ellos a las demás partes y elevará a la Audiencia los autos originales con todos los escritos presentados.

El Tribunal debe resolver en el plazo de tres días sobre la admisión de las pruebas propuestas en los escritos y acordará, en su caso, que el Secretario judicial señale día para la vista.

 

La sentencia de apelación se dictará dentro de los cinco días siguientes a la vista oral, o dentro de los diez días siguientes a la recepción de las actuaciones por la Audiencia cuando no hubiere resultado procedente su celebración. Es importante recordar que la sentencia de apelación no podrá condenar al encausado que resultó absuelto en primera instancia ni agravar la sentencia condenatoria que le hubiera sido impuesta por error en la apreciación de las pruebas.

 

Contra la sentencia dictada en apelación solo cabrá recurso de casación en los supuestos previstos por la Ley.

 

Por último encontramos el recurso de queja, el cual tiene un estudio más breve y sencillo que el recurso de apelación. Comenzamos analizando las resoluciones que pueden ser impugnadas por este procedimiento, las cuales se pueden resumir en los siguientes puntos:  los autos no apelables del Juez y contra las resoluciones en que se denegare la admisión de un recurso de apelación.

 

¿Cuál es el plazo para interponer este recurso? Tal y como señala el artículo 213 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el recurso de queja para cuya interposición no señale término la Ley, podrá interponerse en cualquier momento. Además, tal y como señala el artículo 219, este recurso se interpondrá ante el Tribunal superior competente, siendo este mismo el competente para conocer del recurso.

 

El procedimiento se rige por las normas establecidas en los artículos 233 a 235. En ellos se establece que el Tribunal ordenará al Juez que informe en el corto término que al efecto se señale. Una vez recibido dicho informe, el Secretario judicial se lo enviará al Fiscal para que emita dictamen por escrito en un plazo de tres días, en el supuesto en que la causa fuere un delito en que tenga que intervenir. Una vez que el informe del Fiscal es examinado, en el caso de que hubiera sido necesaria su intervención, y del informe emitido por el Juez, el Tribunal resolverá lo que estime justo.

 

Este recurso no produce la suspensión de la resolución recurrida.

 

Os dejamos un pequeño cuadro resumen:

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Estudia con Nosotros: (VII) El Estatuto de los Trabajadores (I)

Silvia Canal Méndez

 

¡Hola juristas!

 

En el Estudia con Nosotros “Rama Laboral I” de hoy analizaremos los veinticinco primeros artículos del Real Decreto Legislativo 2/2015 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (en adelante, ET). Realizamos este análisis a la rama del derecho laboral porque se trata de la especialización a la que nos vamos a presentar, pero puede que no sea la única a la que le dedicaremos una entrada en este blog.

 

En el primer artículo se viene a definir el ámbito de aplicación de esta Ley, que será a todos aquellos trabajadores que voluntariamente presten sus servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona, física o jurídica, denominada empleador o empresario. Con esta definición también se vienen a establecer las características esenciales de la relación laboral. Además, en este mismo artículo se establecen las relaciones excluidas de esta Ley.

 

Seguido de las relaciones excluidas de esta Ley, en el artículo dos, viene a regularse las relaciones laborales de carácter especial.

 

El primer artículo que consideramos importante y que además ha sido preguntado en el examen de 2015 es el relativo al trabajo de los menores. El límite mínimo para trabajar está en dieciséis años, sólo pudiendo participar los menores de esa edad en espectáculos públicos siempre que no suponga un peligro para su salud ni para su formación profesional y humana, en cuyo caso se necesita por escrito el permiso de la autoridad laboral. Los menores de edad no pueden en ningún caso realizar ni trabajos nocturnos ni horas extras.

 

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Estudia con Nosotros (VI): Relación especial de los Abogados

Silvia Canal Méndez

 

¡Hola juristas!

 

Llegamos al último mes de estudio, y con ello el nuevo Estudia con Nosotros de esta semana. En este caso analizaremos el Real Decreto 1331/2006 por el que se regula la Relación Laboral de Carácter Especial de los Abogados que prestan servicios en Despachos de Abogados, individuales o colectivos.

 

Este texto es espacialmente breve, ya que sólo consta de 25 artículos y nunca ha sido preguntado en los exámenes anteriores, pero al encontrarse en el ANEXO II consideramos necesario al menos darle una ligera lectura y quedarse con los datos que más nos ha llamado la atención.

 

La finalidad de este Real Decreto es la de regular la relación laboral de carácter especial de los abogados que prestan servicios retribuidos, por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección del titular de un despacho de abogados, ya sea individual o colectivo. 

 

En relación al objeto de esta relación laboral especial es la prestación de la actividad profesional de un abogado en un despacho de abogados. En concepto de trabajador encontramos al sujeto que esté habilitado para ejercer la profesión de abogado y en concepto de empleador a quienes sean titulares de despachos de abogados, individuales o colectivos.

 

Los derechos de los abogados vienen recogidos en el artículo 4 del Estatuto de los Trabajadores (libre sindicación, negociación colectiva, información, consulta y participación en la empresa, ocupación efectiva, a no ser discriminados directa o indirectamente, etc.) a los que se suman otros como recibir la formación necesaria para mantener un nivel adecuado de capacitación técnica y profesional o participar en las actividades docentes e investigadoras que desarrolle el despacho. Por otra parte, estos abogados también tienen una serie de deberes, de los cuales destacamos el de contribuir a la mejora del funcionamiento del despacho, completar y perfeccionar su formación y capacitación profesional siguiendo las directrices del titular del despacho o cumplir con las ordenes que éste le de, salvo que contravengan los principios y valores de la abogacía.

 

¿Cómo debe formalizarse el contrato de trabajo de un abogado? Debe formalizarse siempre por escrito y bajo cualquiera de las formas previstas en la Ley, pudiendo firmarse un contrato por tiempo indefinido o por duración determinada. Estos contratos pueden someterse a un periodo de pruebas, el cual en todo caso debe constar por escrito, y cuya duración máxima no podrá exceder de seis meses en el caso de contratos de carácter indefinido y de dos en caso de contratos de duración determinada.

 

Tal y como acabamos de explicar, al poder adoptar cualquiera de las formas previstas en la Ley, es posible que este contrato sea firmado bajo la modalidad de contrato en prácticas, siempre que se cumplan unos requisitos. En este supuesto, encontramos que al trabajador se le debe asignar como tutor de las prácticas a un abogado con más de cinco años de antigüedad, que la actividad laboral que el trabajador desarrolle en el despacho deberá permitir adquirir el aprendizaje práctico de la profesión de abogado y además su jornada debe poder adaptarse a las actividades formativas externas.

 

En relación a la duración de la jornada de trabajo, debemos estar a lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores, que estipula que no se pueden superar en ningún caso las cuarenta horas semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual. Además, esta jornada puede distribuirse de forma irregular a lo lago del año  si así lo pactan las partes.

 

Por su parte, en este contrato pueden pactarse cláusulas de exclusividad, lo que significa que el abogado debe dedicarse en exclusiva a ese despacho de trabajo. La exclusividad no es incompatible con la prestación de asistencia letrada y defensa jurídica derivada del turno de oficio, ni con actividades docentes, representativas o de similar naturaleza. Esta cláusula de exclusividad puede ser compensada económicamente si así se regula en el convenio colectivo o en el contrato de trabajo.

 

También se pueden incluir un pacto de permanencia cuando los abogados hubieran recibido una formación o especialización profesional durante un cierto tiempo y un determinado coste, el cual nunca podrá ser superior a los dos años y siempre se debe pactar por escrito. En caso de incumplimiento del abogado de este pacto, el despacho tiene derecho a una indemnización por daños y perjuicios.

 

Con el mismo límite temporal encontramos el pacto de no competencia postcontractual, que además del límite de dos años nunca puede suponer una limitación general del ejercicio de la profesión de abogado ni limitar en determinados campos o especialidades del derecho a las que se dedique el despacho.

 

Sólo nos queda analizar la extinción del contrato de trabajo. Al igual que con cualquier otro contrato, este puede ser extinguido por la voluntad del abogado como por parte del titular del despacho. Existe un requisito relativo al supuesto en el que la extinción se produzca por la decisión del abogado, y es el preaviso. El abogado esta obligado a preavisar con un mínimo de cuarenta y cinco días de antelación, aunque este plazo puede ser modificado por el propio contrato o por convenio colectivo.

 

Cuando es el titular el que extingue el contrato, debemos estar a la especialidad que radica en este tipo de relaciones, que es la confianza entre las partes, por lo que además de por los motivos establecidos en el Estatuto de los Trabajadores, esta extinción se puede basar en la manifiesta y grave quiebra de la confianza entre las partes o cuando el titular del despacho considera que el abogado no mantiene un nivel profesional adecuado y en consecuencia no puede ejercer la profesión con plenas garantías para los intereses de los clientes.

 

 ¡Sigan estudiando juristas, que ya falta poco!

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Estudia con Nosotros (V): LOPD y Prevención de Blanqueo de Capitales

Silvia Canal Méndez

 

¡Ya estamos aquí de nuevo!

 

En el Estudia con Nosotros de hoy haremos un breve repaso a los aspectos más importantes (y preguntados en su mayoría) de la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal y la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo.

 

Comenzaremos por la LOPD, cuyo objeto no es otro que garantizar y proteger los datos personales de las personas físicas, especialmente aquellos relacionados con su honor e intimidad personal y familiar.

 

A la hora de recoger dichos datos (que deben ser adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con su finalidad) la Ley obliga a que los interesados sean informados de manera previa y expresa, precisa e inequívoca de la existencia del fichero o tratamiento de datos de carácter personal y de la identidad y la dirección del responsable de dicho tratamiento, de las consecuencias de la obtención de dichos datos y de la posibilidad y forma de ejercer sus derechos A.R.C.O (acceso, rectificación, cancelación y oposición). En lo que al consentimiento inequívoco del afectado se refiere existe una importante excepción: la recogida de datos para el ejercicio de las funciones propias de las Administraciones Públicas por las mismas, en cuyo caso no será preciso el consentimiento. 

 

En todo caso, el consentimiento prestado podrá ser revocado cuando exista causa justificada para ello y no se le atribuyan efectos retroactivos.

 

El artículo 7 de la Ley recoge los datos especialmente protegidos, (nunca han sido preguntados directamente en ninguno de los exámenes anteriores) y consideramos oportuno recordar: 

 

  • Que para la recolección de datos que revelen la ideología, afiliación sindical, religión y creencias se necesita el consentimiento expreso y por escrito del afectado.
  • Que aquellos datos que hagan referencia al origen racial, a la salud y a la vida sexual sólo podrán ser recabados, tratados y cedidos cuando por razones de interés general, así lo disponga una ley o el afectado consienta expresamente.

 

Quedan prohibidos los ficheros creados con la finalidad exclusiva de almacenar datos de carácter personal que revelen la ideología, afiliación sindical, religión, creencias, origen racial o étnico, o vida sexual.

 

Por último y en relación con los derechos A.R.C.O. a los que hemos hecho referencia anteriormente debemos establecer qué son derechos inherentes a los sujetos que han prestado sus datos. El procedimiento para ejercer dichos derechos se establece reglamentariamente, por lo que no profundizaremos en este punto y sólo nos quedaremos con lo que es tratado en la Ley.

 

En relación al derecho de acceso, debemos señalar que el interesado tiene derecho a solicitar y obtener de manera gratuita toda la información de sus datos de carácter personal sometidos a tratamiento, así como saber el origen de los datos y las comunicaciones realizadas o que se prevén hacer con ellos.

 

Por su parte, en relación al derecho de rectificación o cancelación, será el responsable del tratamiento el que tiene la obligación de hacer efectivo el derecho del interesado en un plazo máximo de diez días. Serán sometidos a rectificación o cancelación todos aquellos datos que resulten inexactos o incompletos. Aquellos datos que hayan sido cancelados sólo se conservarán a disposición de las Administraciones públicas, Jueces y Tribunales para la atención de las posibles responsabilidades nacidas del tratamiento.

 

Estos serían los puntos más reseñables de esta Ley. A continuación haremos lo mismo con la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo.

 

Como su propio nombre indica, esta Ley tiene como finalidad la protección de la integridad del sistema financiero y de otros sectores de actividad económica mediante el establecimiento de obligaciones de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Es el artículo 2.1.ñ) el que establece las obligaciones de los abogados, procuradores u otros profesionales independientes cuando participen en la concepción, realización o asesoramiento de operaciones por cuenta de clientes relativas a la compraventa de bienes inmuebles o entidades comerciales, la gestión de fondos, valores u otros activos, la apertura o gestión de cuentas corrientes, cuentas de ahorros o cuentas de valores, la organización de las aportaciones necesarias para la creación, el funcionamiento o la gestión de empresas o la creación, el funcionamiento o la gestión de fideicomisos, sociedades o estructuras análogas, o cuando actúen por cuenta de clientes en cualquier operación financiera o inmobiliaria. Este punto que acabamos de explicar fue preguntado en el Examen de 2015 de la siguiente manera: 

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Estudia con Nosotros (IV): la Ley de Sociedades Profesionales

¡Hola otra vez, juristas!

 

En el Estudia con Nosotros de hoy haremos un comentario a la Ley de Sociedades Profesionales, preguntada en alguna ocasión en los anteriores Exámenes de 2014 y 2015.

 

Esta Ley es breve por lo que, a efectos de organización y de tiempo, consideramos que no se le debería otorgar demasiado tiempo para así poder centrarnos en otros textos más preguntados, como la Santísima Trinidad comentada en los anteriores Estudia con Nosotros (http://bit.ly/1RtKOrz, http://bit.ly/1KkKCmG y http://bit.ly/1n4jq6n).

 

La Ley comienza definiendo el concepto sociedad profesional como aquella que tiene por objeto social “el ejercicio en común de una actividad profesional”, y que podrá constituirse bajo cualquiera de las formas societarias previstas en las leyes. Además, también podrán ser multidisciplinarias, siempre y cuando las actividades no sean incompatibles entre sí.

 

Entrando en profundidad en la Ley, el artículo 4 es uno de esos que huele a pregunta test desde el Preámbulo de la Ley y es que trata, ni más ni menos, de la composición de las sociedades profesionales. Según la Ley, podrán ser socios profesionales tanto las personas físicas como jurídicas debidamente inscritas en los respectivos Colegios Profesionales y, la composición del capital deberá seguir unos mínimos (aquí es donde vienen las preguntas tipo): la mayoría del capital y de los derechos de voto (o la mayoría del patrimonio social y del numero de socios en sociedades civiles) habrán de pertenecer a socios profesionales.

 

También impone mínimos en cuanto a la administración de las sociedades, siendo necesario que, como mínimo, la mitad más uno de los miembros de los órganos de administración sean socios profesionales. En caso de que el órgano de administración sea unipersonal o si existieran consejeros delegados, dichas funciones deberán ser llevadas a cabo obligatoriamente por un socio profesional.

 

Una vez que se constituida, la sociedad profesional debe ser inscrita en el Registro Mercantil de forma normal adquiriendo entonces su personalidad jurídica. Además, la sociedad deberá inscribirse en el Registro de Sociedades Profesionales del Colegio Profesional que corresponda a su domicilio. Aquí la pregunta del Examen de 2014:

 

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Estudia con Nosotros (III): La Ley de Asistencia Jurídica Gratuita

Silvia Canal Méndez

 

¡Hola de nuevo!

 

En este Estudia con Nosotros analizaremos el último de los tres pilares básicos que en nuestra opinión debes estudiar más en profundidad para enfrentarte al examen que haremos dentro de muy pocas semanas. La Santísima Trinidad.

 

Junto con el Código Deontológico y el Estatuto General de la Abogacía Española, la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita es una de las materias que más ha sido preguntada en los dos exámenes anteriores al que se celebrará en febrero, ya que en 2014 fue preguntada en dos ocasiones y el año pasado en cuatro, por lo que todo parece indicar que este año no será una excepción. Parecerá una tontería, pero la Santísima Trinidad suma casi 30 preguntas sobre las 50 de Parte General. Dominando estas tres leyes aseguraríamos el tan ansiado aprobado.

 

Como siempre, en este Estudia con Nosotros trataremos aquellos puntos que, en nuestra opinión, parecen ser más importantes de cara al examen o aquellos que vemos más proclives a ser preguntados.

 

Empezaremos analizando el artículo 2 de la Ley, ya que trata del ámbito personal de aplicación. Nos parece destacable en este punto el derecho a la asistencia jurídica gratuita de las personas jurídicas ya que, aunque está previsto, es difícil que le sea reconocido porque deben tratarse o de asociaciones de utilidad pública o fundaciones inscritas en el Registro Público correspondiente. A continuación encontraréis una pregunta relacionada con este tema:

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Estudia con nosotros (II): El Estatuto General de la Abogacía Española

Silvia Canal Méndez

 

En el Estudia con Nosotros de hoy hablaremos del Estatuto General de la Abogacía Española (en adelante, EGAE), de gran importancia de cara al examen que estamos preparando, ya que hasta el Ministro le ha dado su propio apartado en el anexo II.

 

Como habréis visto, es un texto bastante extenso y cargado de contenido, por lo que al igual que en el Estudia con Nosotros anterior, nos centraremos en tratar aquellos puntos que consideramos más importantes de cara al examen o aquellos que vemos más factible que sean preguntados.

 

Hasta el Título IV, el EGAE viene a recoger un contenido similar al del Código Deontológico, pero añadiendo apuntes relativos al Colegio de Abogados, que debemos puntualizar que se tratan de corporaciones de derecho público con personalidad jurídica propia y plena capacidad de cumplimiento de sus fines, los cuales vienen recogidos en el artículo 3, seguidos de una extensa lista sobre las funciones de este Colegio Profesional.

 

En este bloque hay ciertos puntos reseñables, como por ejemplo el recogido en el artículo 9, en el que se establece que un abogado con más de veinte años de servicio podrá seguir utilizando la denominación de “abogado” aunque debe ir seguido de la coletilla “sin ejercicio”.

 

En los artículos relativos a la colegiación, nos encontramos que no podrán limitarse el número de componentes de los Colegios de Abogados ni podrán cerrarse temporal ni definitivamente la admisión de nuevos colegiados. Además, tanto la solicitud de incorporación, el juramento o promesa de acatamiento a la Constitución, como la pérdida de la condición de colegiado, serán acordadas por la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados correspondiente. También se deberá poner en contacto con esta Junta de Gobierno el abogado que se encuentre afecto bajo alguna de las causas de incompatibilidad, ya que la no comunicación constituirá infracción grave.

 

En la Sección cuarta se trata el ejercicio de la abogacía de forma individual, colectiva y multiprofesional. Ahora mismo no trataremos este punto, ya que próximamente analizaremos el Real Decreto 1331/2006 por el que se regula la relación laboral de carácter especial de los abogados que prestan servicios en despachos de abogados, individuales o colectivos.

Ahora sí, llegamos a lo que a nuestro parecer puede ser la parte más importante de este texto y al que dedicaremos distintos apuntes, el Título IV, relativo a los órganos de gobierno de los Colegios, donde nos centraremos en la Junta de Gobierno.

 

En primer lugar, no debemos olvidar quién tiene derecho a participar en las votaciones de elección de Decano y demás miembros de la Junta de Gobierno, ya que esto se preguntó en el examen de 2014, por lo que no viene mal quedarse con el dato. Para poder ser elector, el colegiado debe haberse colegiado al menos tres meses antes a la fecha de convocatoria de las elecciones.  

 

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Estudia con nosotros (I): los Códigos Deontológicos

Silvia Canal Méndez

 

Nuestra primera entrada del Estudia Con Nosotros se lo dedicamos al Código Deontológico tanto nacional (en adelante, CD) como europeo (en adelante, CDE). Ambos textos recogen, de manera casi exacta, normas deontológicas que deben regir el día a día de los abogados.

 

En este post encontrarás ciertos puntos que nos han llamado la atención por ser polémicos, como veremos más adelante con la cuota litis, o por que consideramos que pueden ser jugosos para entrar en un tipo test, lo cual no te exonera de leer dos textos tan “entretenidos” como estos.

 

El primer punto que nos llama la atención se encuentra en el artículo 5 del CD y el punto 2.3 del CDE, sobre el secreto profesional, ya que siempre se insiste en la relación de confianza que reina entre las partes y que el secreto profesional supone para el abogado tanto un derecho como un deber para con toda la información que el abogado recibe tanto de su cliente como de adversarios, compañeros, etc.

 

Sin embargo, existen excepciones a este secreto profesional, y son aquellas situaciones de suma gravedad que pueden causar perjuicios irreparables o flagrantes injusticias. En este supuesto el abogado debe dar parte al Decano del Colegio, el cual aconsejará, con supuesta finalidad exclusiva de orientar, medios o procedimientos alternativos de solución al problema ponderando los bienes jurídicos en conflicto. Después de leer esto se nos plantea la duda de ¿qué significa perjuicio irreparable o flagrante injusticia? ¿existen algún tipo de causas tasadas¿ ¿y si el abogado cree estar en una situación de estas pero realmente no lo está y está “dañando” este derecho y deber profesional?

 

El segundo punto se encuentra en el artículo 9 del CD, que es el relativo a la sustitución de abogados. La idea importante en este artículo es que la venia NO SE PUEDE DENEGAR nunca, da igual que el abogado anterior no halla cobrado o no, el abogado nunca podrá denegar la venia al nuevo abogado que le sustituye.

 

El tercer punto quizás sea el que más nos ha chocado del Código Deontológico debido a sus formalismos, nos referimos al artículo 12 del CD, y es que en este artículo se habla del “abogado de mayor antigüedad” como si se tratara de un sabio ancestral que debe dar luz en la oscuridad de los nuevos abogados. Además, por tener mayor antigüedad pareces tener el beneficio de realizar las reuniones entre abogados y clientes en ausencia de un lugar neutro para ambas partes.

 

El cuarto y último punto es quizá el más importante a la hora del estudio. Nos referimos al artículo 16 del CD y 3.3 del CDE, por los que se prohíbe los pactos de “cuota litis” estricta como manera de pagar los honorarios, artículos que se encuentran derogados por un acuerdo del Pleno del CGAE de 21 de julio de 2010, aunque se encontraba suspendido desde el 10 de diciembre de 2002. ¡CUIDADO CON ESTO! 

 

Esto es todo por hoy, el lunes hablaremos del siguiente texto, el Estatuto General de Abogacía Española y de aquellos datos que recojan y que a nuestro parecer sean más controvertidos.

 

¡Animaros a comentar con nosotros via RRSS o abajo en los comentarios aquello que os haya llamado la atención de estos Códigos!

 

¡Un saludo y hasta el lunes, juristas!

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