Estudia con Nosotros (V): LOPD y Prevención de Blanqueo de Capitales

Silvia Canal Méndez

 

¡Ya estamos aquí de nuevo!

 

En el Estudia con Nosotros de hoy haremos un breve repaso a los aspectos más importantes (y preguntados en su mayoría) de la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal y la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo.

 

Comenzaremos por la LOPD, cuyo objeto no es otro que garantizar y proteger los datos personales de las personas físicas, especialmente aquellos relacionados con su honor e intimidad personal y familiar.

 

A la hora de recoger dichos datos (que deben ser adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con su finalidad) la Ley obliga a que los interesados sean informados de manera previa y expresa, precisa e inequívoca de la existencia del fichero o tratamiento de datos de carácter personal y de la identidad y la dirección del responsable de dicho tratamiento, de las consecuencias de la obtención de dichos datos y de la posibilidad y forma de ejercer sus derechos A.R.C.O (acceso, rectificación, cancelación y oposición). En lo que al consentimiento inequívoco del afectado se refiere existe una importante excepción: la recogida de datos para el ejercicio de las funciones propias de las Administraciones Públicas por las mismas, en cuyo caso no será preciso el consentimiento. 

 

En todo caso, el consentimiento prestado podrá ser revocado cuando exista causa justificada para ello y no se le atribuyan efectos retroactivos.

 

El artículo 7 de la Ley recoge los datos especialmente protegidos, (nunca han sido preguntados directamente en ninguno de los exámenes anteriores) y consideramos oportuno recordar: 

 

  • Que para la recolección de datos que revelen la ideología, afiliación sindical, religión y creencias se necesita el consentimiento expreso y por escrito del afectado.
  • Que aquellos datos que hagan referencia al origen racial, a la salud y a la vida sexual sólo podrán ser recabados, tratados y cedidos cuando por razones de interés general, así lo disponga una ley o el afectado consienta expresamente.

 

Quedan prohibidos los ficheros creados con la finalidad exclusiva de almacenar datos de carácter personal que revelen la ideología, afiliación sindical, religión, creencias, origen racial o étnico, o vida sexual.

 

Por último y en relación con los derechos A.R.C.O. a los que hemos hecho referencia anteriormente debemos establecer qué son derechos inherentes a los sujetos que han prestado sus datos. El procedimiento para ejercer dichos derechos se establece reglamentariamente, por lo que no profundizaremos en este punto y sólo nos quedaremos con lo que es tratado en la Ley.

 

En relación al derecho de acceso, debemos señalar que el interesado tiene derecho a solicitar y obtener de manera gratuita toda la información de sus datos de carácter personal sometidos a tratamiento, así como saber el origen de los datos y las comunicaciones realizadas o que se prevén hacer con ellos.

 

Por su parte, en relación al derecho de rectificación o cancelación, será el responsable del tratamiento el que tiene la obligación de hacer efectivo el derecho del interesado en un plazo máximo de diez días. Serán sometidos a rectificación o cancelación todos aquellos datos que resulten inexactos o incompletos. Aquellos datos que hayan sido cancelados sólo se conservarán a disposición de las Administraciones públicas, Jueces y Tribunales para la atención de las posibles responsabilidades nacidas del tratamiento.

 

Estos serían los puntos más reseñables de esta Ley. A continuación haremos lo mismo con la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo.

 

Como su propio nombre indica, esta Ley tiene como finalidad la protección de la integridad del sistema financiero y de otros sectores de actividad económica mediante el establecimiento de obligaciones de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Es el artículo 2.1.ñ) el que establece las obligaciones de los abogados, procuradores u otros profesionales independientes cuando participen en la concepción, realización o asesoramiento de operaciones por cuenta de clientes relativas a la compraventa de bienes inmuebles o entidades comerciales, la gestión de fondos, valores u otros activos, la apertura o gestión de cuentas corrientes, cuentas de ahorros o cuentas de valores, la organización de las aportaciones necesarias para la creación, el funcionamiento o la gestión de empresas o la creación, el funcionamiento o la gestión de fideicomisos, sociedades o estructuras análogas, o cuando actúen por cuenta de clientes en cualquier operación financiera o inmobiliaria. Este punto que acabamos de explicar fue preguntado en el Examen de 2015 de la siguiente manera: 

 

La opción correcta es la d).

 

En consecuencia de lo anteriormente explicado, surgen una serie de obligaciones para el abogado, sin diferenciar entre persona física o despacho de abogados. El sujeto obligado deberá identificar a cuantas personas físicas o jurídicas pretendan establecer relaciones de negocio o intervenir en cualesquiera operaciones, con carácter previo al establecimiento de la relación de negocios o a la ejecución de cualesquiera operaciones. Además, a través de la información recabada se deberá averiguar si los clientes actúan por cuenta propia o de terceros.

 

También los sujetos obligados deben estudiar el propósito y la índole de la relación de negocios y realizar un seguimiento continuo de la relación de negocios para garantizar que todos los documentos, datos e información que se disponga esté actualizada.

 

En el supuesto en que, en el proceso de recabar la información, el sujeto obligado encontrase algún tipo de indicio o certeza de que el cliente esta relación con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, debe comunicarlo, tan pronto como sea posible y siempre por iniciativa propia, al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias. Esta comunicación entre el sujeto obligado y el Servicio Ejecutivo no será revelada ni al cliente ni a terceras personas.

 

Es, a su vez, obligación del abogado conservar la documentación recabada durante un plazo mínimo de diez años para su uso en toda investigación o análisis. 

 

Todas estas obligaciones que recaen sobre el sujeto obligado han sido preguntadas en el Examen de 2015 de la siguiente manera:

 

La respuesta correcta es la d).

 

Pues esto es todo en relación a estas dos Leyes, la semana que viene trataremos el Real Decreto por el que se regula la relación laboral de carácter especial de los abogados que prestan servicios en despachos de abogados, individuales o colectivos. 

¡Os animamos, como siempre, a comentar con nosotros vía RRSS o abajo en los comentarios aquello que os haya llamado la atención del Estudia con Nosotros de hoy!

 

¡Mucho ánimo, que ya queda muy poco!

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Comentarios: 5
  • #1

    Carles (jueves, 20 octubre 2016 21:30)

    Buenas tardes,

    Entonces, como abogados, no estamos obligados a actuar (amparados por el secreto profesional) ante el blanqueo de capitales cuando éste sea comunicado directamente por nuestro cliente. Pero en cambio si nosotros lo descubrimos sin que él nos lo comunique si que tendremos la obligación de ponerlo en conocimiento del SEPBLAC y autoridades. Es así?

    Gracias!!

  • #2

    Alberto (domingo, 23 octubre 2016 19:38)

    Buenas tardes Carles,

    La única posibilidad de que podamos "escapar" a esta obligación de información es que al cliente le prestemos un servicio de defensa en proceso judicial.

    Así la cuestión queda de la siguiente forma:

    - Si le asesoramos a la hora de preparar algún sistema/estructura para blanquear capitales deberemos informar a las autoridades competentes.

    - Si, por otra parte, viniera a pedirnos nuestros servicios para la defensa en un procedimiento que se sigue contra él por razón de blanqueo, estaremos amparados por el secreto profesional.

  • #3

    Harold Lettinga (miércoles, 01 febrero 2017 12:40)


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