De cómo Papá Estado castiga a las empresas: la CNMC.

Alberto González Andrades


A lo largo de estos meses hemos visto como ha aumentado la actividad recaudatoria de la Administración por medio de procesos sancionadores, ya sean tributarios, ya por vulneraciones de competencia o por Tráfico y Seguridad Vial. En esta entrada os queremos hablar un poco de los procedimientos iniciados por la CNMC por las conductas prohibidas en la Ley de Defensa de la Competencia.


Pero primero los hechos, que no son otros que una cantidad reseñable de expedientes sancionadores en los últimos meses. Analizando solo los algunos podemos ver que la CNMC se esta convirtiendo en una máquina de hacer dinero para el Estado español (o al menos lo está intentando). Esta es una pequeña lista de los procesos más recientes (aunque también incluimos los más grandes gestionados por la CNMC):


  • Caso Residuos: 98 millones (reparto de mercados),
  • Caso Telefonía Móvil: 119 millones (fijación de precios),
  • Caso Navieras: 88 millones (fijación de condiciones),
  • Caso Lácteos: 88 millones (principalmente por fijación de precios y reparto de mercados),
  • Caso E.S. Hidrocarburos: 32 millones (fijación de precios, no agresión e intercambios de información),
  • Caso Telefonica-PYMES: 26 millones (política de descuentos).


¿Qué puede llevar a una empresa a tener que pagar tanto dinero? La respuesta, a nivel interno, está en el contenido, principalmente, de los artículos 1, 2, 3 de la Ley de Competencia. Las conductas colusorias del artículo primero de esta Ley se aplicaría para vulneraciones que no excedan del ámbito geográfico del Estado y en el artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea en el caso de que traspase la frontera y afecte a, al menos, dos países de la Unión, siempre que “produzcan o puedan producir” una limitación total o parcial o un falseamiento de la competencia. La lista de conductas no es cerrada pues la Ley utiliza para referirse a ellos la expresión “en particular”, no excluyendo la existencia de otros similares que tengan el mismo impacto, e incluye, y como ya hemos visto arriba son las vulneraciones más comunes:


  • La fijación, de forma directa o indirecta, de precios o de otras condiciones comerciales o de servicio.
  • La limitación o el control de la producción, la distribución, el desarrollo técnico o las inversiones.
  • El reparto del mercado o de las fuentes de aprovisionamiento.
  • La aplicación, en las relaciones comerciales o de servicio, de condiciones desiguales para prestaciones equivalentes que coloquen a unos competidores en situación desventajosa frente a otros.
  • La subordinación de la celebración de contratos a la aceptación de prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o con arreglo a los usos de comercio, no guarden relación con el objeto de tales contratos.


Pero no toda conducta de las arriba plasmadas que tenga influencia en la competencia es ilegal, pudiendo ser autorizadas, expresamente, por el Gobierno cuando estos acuerdos mejoren la producción, permitan a los consumidores beneficiarse de las ventajas de los acuerdos y siempre que no supongan una limitación de la competencia mediante restricciones de entrada o eliminación de competencia respecto a determinados productos ofrecidos por las empresas que participen del acuerdo.


Después de estas pequeñísimas pinceladas de los primeros artículos de la Ley de Defensa de la Competencia, echemos un vistazo a las compañías que se vieron afectadas por los expedientes que arriba mencionamos con nombres “particulares”: ACS, FCC, Sacyr, Ferrovial, Movistar-Telefónica, Orange, Vodafone, Danone, Nestlé, Puleva, Endesa, Fenosa, Iberdrola (estas últimas vieron como la Audiencia Nacional anuló la, hasta entonces, mayor multa en materia de competencia)… después de ver las multas y asumiendo que estás grandes compañías tienen grandísimos asesores jurídicos, ¿cuál es el beneficio que obtienen las compañías con estas fijaciones de precios o con los repartos de mercado?


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